Unidad de Política Migratoria

La política migratoria del Gobierno de México (2018-2024) se constituye sobre la base del res­peto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género.9 Para dar cabal cumpli­miento a esos fundamentos, la nueva política se sostiene sobre siete pilares que conjugan su implementación y gestión: la responsabilidad compartida; la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura; la migración irregu­lar; el fortalecimiento institucional; la protección de connacionales en el exterior; la integración y reintegración de personas en contextos de mi­gración y movilidad internacional, y el desarrollo sostenible.

Estas nuevas directrices se fundan en los prin­cipios de la política migratoria del Estado mexicano previstos en la Ley de Migración y en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; el paradigma migratorio del Pacto Mundial de Migración, y el Pacto Mundial so­bre Refugiados, cuya adopción por parte de los Estados orienta su actuar en materia migrato­ria y, específicamente el de México, que ha sido desde su conformación uno de sus principales impulsores.

Este componente contempla, en primera ins­tancia, la renovación del diálogo con los gobiernos de los países de Centroamérica, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, identificán­dolos como interlocutores y colaboradores para articular convenios o instrumentos inter­nacionales que permitan abordar el fenómeno desde diversas facetas, no sólo para atender la movilidad internacional en tránsito hacia Estados Unidos, sino como una oportunidad para impul­sar el desarrollo en la región y la movilidad laboral, turística y comercial, tarea encomendada a la Se­cretaría de Turismo. Asimismo, se busca renovar el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar la protección de las y los connacionales que se encuentran en territorio estadounidense y de quienes retornan a México víctimas del re­crudecimiento de las políticas migratorias de ese país, además de generar sinergias que beneficien a la población binacional.

Por otro lado, el componente busca abrir los canales de comunicación y de intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros paí­ses en América Latina, Europa y Asia-Pacífico en materia de movilidad laboral, atracción de talen­tos y medidas de protección para trabajadores y trabajadoras migrantes.

A través de la Secretaría de Relaciones Exte­riores y el Instituto Nacional de Migración se impulsa un diálogo que promueva la movilidad y migración regular, ordenada y segura bajo una perspectiva de derechos humanos y facilitación con los principales socios de México en foros o espacios propicios, señalando que los movi­mientos migratorios benefician y fortalecen a los países involucrados y, con ello, a las regiones que los componen.

Las áreas de Centro y Norteamérica constituyen uno de los corredores migratorios más impor­tantes a nivel mundial debido al alto número de personas migrantes que anualmente residen y transitan a lo largo de ellas. En este sentido, la nueva política migratoria del Gobierno de México mantiene una estrecha comunicación con sus vecinos y con los países con los que histórica­mente se relaciona por medio de la migración; sin embargo, se compromete a ser sensible ante los flujos extrarregionales o extraordinarios que lle­gan al país desde distintas partes del mundo. En esa misma dirección, esta nueva política migra­toria reconoce que si bien la diáspora mexicana se concentra en su mayoría en Estados Unidos no es el destino único, y atiende con el mismo énfasis a mexicanos y mexicanas que viven en otros países como Canadá, España o Alemania, por mencionar algunos.

Es ésta una de las principales tareas del queha­cer gubernamental que, por un lado, necesita abrir vías y, por el otro, fortalecer las existentes para permitir a las personas moverse hacia y desde México de manera segura, ordenada y re­gular. Este componente se centra en el apego a los tratados y pactos internacionales firmados y ratificados por México, pero incluye la revisión de los esquemas, requisitos y procedimientos para la atención de la migración y la movilidad en sus distintas modalidades (familiar, laboral, estudian­til, turística, de negocios, por salud, cultura) de forma interna y, particularmente, para consi­derar la movilidad en la frontera sur del país, la cual está dinamizada por visitantes regionales y trabajadores fronterizos.

En este espacio, la nueva política migratoria transita también hacia vías alternas para incorporar o fortalecer el uso de tecnologías de la información, la interconexión de sistemas, la coordinación entre autoridades y la adecuación de una infraestructu­ra que considere la dinámica y el volumen de los flujos migratorios, con miras a simplificar, mejorar y modernizar los trámites correspondientes. Todo ello puede darse a partir de la colaboración entre el Servicio de Administración Tributaria (sat), el Insti­tuto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Unidad de Política Mi­gratoria, Registro e Identidad de Personas y la Secretaría de Relaciones Exteriores, como prin­cipales instituciones responsables.

⁹ Destacan, en este sentido, las observaciones al Estado mexicano emitidas por el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), a partir de la examinación de su noveno informe periódico ante este mecanismo, donde se incluye por primera vez recomendaciones específicas sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Este fenómeno ha tenido y seguirá teniendo un peso importante en el país. Por eso es funda­mental proporcionar a este grupo medidas de protección a su integridad física y psicológica. Si bien existen acciones específicas para tales fines, es necesario evaluarlas, mejorarlas y for­talecerlas. Por ejemplo, es necesario revisar el trabajo que han hecho los Grupos Beta del Ins­tituto Nacional de Migración, así como los protocolos de identificación para víctimas de algún delito, para solicitantes de refugio, nna y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior no excluye impulsar programas de regularización migratoria, así como la flexibiliza­ción de los procesos burocráticos.

El diseño y ejecución de la nueva política mi­gratoria requiere instituciones que funcionen poniendo en práctica estándares internacionales y que trabajen de manera coordinada y eficiente para la adecuada atención de los flujos migra­torios que transitan por México, considerando la diversidad de su composición y las característi­cas de sus integrantes reconociendo el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Entre las principales instancias a destacar al respecto están el Instituto Nacional de Migración, la Comi­sión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Ado­lescentes (Sipinna), las procuradurías del Sistema Nacional, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), Procuradurías Na­cional, Estatales y Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Unidad de Polí­tica Migratoria, Registro e Identidad de Personas.

La labor de las instituciones es proveer servicios y brindar atención a las poblaciones en con­textos de movilidad. Es esencial, por ejemplo, el trabajo que esta administración hace para el fortalecimiento de capacidades en materia de salud, educación, trabajo, registro civil, segu­ridad social y cultura, entre otras. Por ello, es del mayor interés del Estado mexicano que la nueva política sea incluyente respecto de las fa­cultades concurrentes en los tres órdenes de gobierno, por lo que es también esencial buscar su fortalecimiento.

En congruencia con lo anterior, cabe señalar que este componente busca que las institucio­nes consagradas a la materia migratoria (como son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia­dos, el Instituto Nacional de Migración, las ofici­nas consulares y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas) analicen y adquieran nuevas habilidades y competencias a través de la promoción de las reformas estruc­turales necesarias que les permitan vincularse y complementar su actuar para atender el fenó­meno migratorio de manera integral, transversal, interinstitucional y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, así como recabar, procesar y sistematizar de manera perió­dica y permanente información estadística que provea de elementos para la adecuada toma de decisiones. En esta reingeniería institucional es fundamental también la dotación de infraes­tructura eficiente y moderna, particularmente en los puntos de internación de las fronteras norte y sur de México, que incorporen tecnolo­gías de la información para facilitar el ingreso y la identificación de personas.

El fortalecimiento de las instituciones debe considerar también al capital humano que fun­ge como motor. Por ello es necesario consolidar el Servicio Profesional de Carrera Migratoria, así como capacitar y profesionalizar permanentemente al personal de acuerdo con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, género, igualdad y transparencia, e implementar medidas para aprovechar sus competencias y habilidades a fin de incentivar y generar oportuni­dades de permanencia y desarrollo. En particular, para la atención de nna se debe tomar en cuen­ta la Ruta de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, cuyo propósito es que las instituciones intervengan de forma eficiente y coordinada en atención del interés de la niñez en el ámbito de sus atribuciones.

En este Gobierno se valora la contribución que millones de connacionales en el extranjero ha­cen al país, particularmente desde Estados Unidos de América por medio de las remesas, pero también en los rubros social y cultural debido al contac­to permanente y a la promoción de habilidades y competencias a través de capital humano, así como el impulso de proyectos productivos en las localidades de origen para el desarrollo de infraestructura social, servicios comunitarios y educativos. Considerando que esta población es mexicana y, por lo tanto, es sujeta de derechos en el territorio nacional, la nueva política migratoria crea un componente específico para su protección y atención; su vinculación con sus comunida­des de origen; los procesos de coordinación con todos los órdenes de gobierno, así como políti­cas culturales que permitan la continuidad de los vínculos con México, no sólo de forma material sino también simbólica, fortaleciendo el arraigo y el sentimiento de pertenencia a la nación, para lo cual cobra especial relevancia el rol de la Se­cretaría de Cultura para impulsar políticas y programas acordes. Esto busca no sólo forta­lecer la presencia de México en el exterior, sino además incentivar el retorno de personal calificado.¹⁰

La labor diplomática consular en México, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulsa nuevas acciones para contribuir a mejo­rar las condiciones de vida de las y los mexicanos en el exterior y sus familias en temas como la pro­moción de condiciones de trabajo justas, empo­deramiento de la comunidad migrante, asesoría y acompañamiento jurídico, atención psicológica, información sobre derechos humanos, así como la tramitación de documentos de servicios de pro­tección infantil, por mencionar algunos.

De manera especial, uno de los temas que está presente en la agenda del Gobierno de México consiste en garantizar los derechos de la población mexicana en el exterior, que se encuentra privada de la libertad, particularmente en centros de re­clusión estadounidenses, pues es donde ocurre el mayor número de violaciones a los derechos de ciudadanos(as) mexicanos(as). Para ello es apre­miante fortalecer el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos mediante la coordinación inte­rinstitucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Dere­chos Humanos, a efecto de crear un mecanismo que permita al gobierno mexicano garantizar los alcances de la protección consular que brinda a sus connacionales que se encuentran privados de la libertad en el marco del derecho interna­cional de los derechos humanos.¹¹

¹⁰ Para ello, será importante promover acciones entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Conacyt.
¹¹ Se agradecen profundamente las aportaciones del doctor Jorge Bustamante, profesor emérito de El Colegio de la Frontera Norte, para posicionar este tema en la política migratoria del Gobierno de México 2018-2024.

Los procesos de integración y reintegración par­ten de la lógica de la inclusión, es decir, cuentan con la participación activa de todos los actores involucrados. Las personas migrantes no sólo son receptoras de las acciones o políticas, sino que tienen una participación activa en su defini­ción, ejecución y seguimiento, ya que a través de diversos ejercicios se les dota de herramien­tas para que hagan exigibles sus derechos. En este sentido, es importante impulsar que en las sociedades de acogida de estas poblaciones se fomenten acciones relacionadas con la solidari­dad, la no discriminación y la eliminación de la xenofobia, labor en la que el Consejo Nacio­nal para Prevenir la Discriminación tendrá un papel fundamental para impulsar acciones que atiendan estos principios, mismas que deberán aterrizarse en los distintos órdenes de gobier­no a fin de permear en las comunidades de personas migrantes.

Para la integración y reintegración de personas en contextos de movilidad, el Estado mexicano tiene la visión de empoderamiento de las personas migrantes, refugiadas y beneficiarias de protec­ción complementaria para que se conviertan en miembros plenos y activos de nuestra sociedad, además de destacar sus contribuciones positi­vas y promover la inclusión y la cohesión. Desde esta perspectiva, resultan fundamentales las recomendaciones, el trabajo coordinado y el acompañamiento con las y los defensores de derechos humanos, las organizaciones de la so­ciedad civil y organismos internacionales, con la finalidad de crear puentes de comunicación que se traduzcan en el ejercicio efectivo de derechos. El Consejo Consultivo de Política Migratoria, a cargo de la Unidad de Política Migratoria, Regis­tro e Identidad de Personas, es la instancia ideal para consolidar estas interacciones.

Es importante mencionar que los gobiernos locales son los encargados, en un primer mo­mento, de llevar a cabo acciones de integración y reintegración. A nivel nacional, existen oficinas estatales de atención a migrantes¹² que coadyuvan principalmente en la reintegración de las personas de origen mexicano que retornan a los estados; asimismo, mantienen comunicación con las y los connacionales que se encuentran principalmente en Estados Unidos y les vinculan con sus comuni­dades de origen. No obstante, en su mayoría, no realizan acciones para la integración de personas extranjeras que residen en el país. En este marco, resulta fundamental dotar de información, capa­citar y sensibilizar al funcionariado público local sobre las implicaciones de los procesos de inte­gración y reintegración en las comunidades receptoras de personas migrantes.

La política integral tiene como base la defi­nición del perfil de las personas migrantes y refugiadas; sus necesidades en el ámbito local; el fortalecimiento de los lazos y redes en las co­munidades, y la coordinación interinstitucional efectiva, por ejemplo para llevar a cabo los procesos de reunificación familiar. Estas tareas, fundamentales para la construcción de la políti­ca, están a cargo de las instancias consagradas a la generación y procesamiento de información en la materia, como son la Secretaría de Gober­nación, a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La migración de retorno juega un papel fundamental en los procesos de integración y reintegración. En los últimos 10 años ha habido un incremento considerable en el número de deportaciones de población mexicana mi­grante proveniente de Estados Unidos, lo que constituye una amenaza real y constante para millones de connacionales que residen en ese país. Esta amenaza no está relacionada única­mente con cifras, sino con la parte cualitativa de este retroceso, es decir, con el impacto de las deportaciones en el ámbito de lo personal, en tér­minos de descomposición familiar y de desarrollo de plan de vida. El Gobierno de México contempla en este sentido proveer condiciones adecuadas para la integración de todas y todos nuestros con­nacionales y sus familias en el marco de un retorno digno, con perspectiva de derechos humanos y de género, evitando en todo momento la revictimiza­ción mediante el despliegue de esfuerzos no sólo en términos de cobertura, sino también de calidad.

Para impulsar los procesos de integración y reintegración se parte de la garantía de acceso a derechos o el fortalecimiento de su ejercicio; del reconocimiento de la identidad de las personas mi­grantes; el acceso a servicios; su incorporación en el ámbito educativo o en el mercado laboral, o el desarrollo de redes que promuevan su in­serción familiar y cultural, lo que fortalece, entre otras cosas, el arraigo, por ejemplo a través de acciones para que puedan acceder a una vi­vienda, ya sea en un esquema de arrendamiento o propia. Es necesario tener en cuenta que es­tos procesos tienen efecto en el mediano y largo plazos; por ende, las acciones que se emprendan en este marco –básicamente a cargo de la Condusef y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de sus coordinaciones estatales– deben considerar, además de lo ya mencionado, la diversidad, el desarrollo humano sostenible y la seguridad humana.

¹² Estas oficinas mantienen vínculos de colaboración a través de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (conofam) y los mecanismos regionales para tal efecto.

Este componente busca satisfacer las necesida­des actuales de las personas en comunidades expulsoras y receptoras de migrantes, particu­larmente en la región sur-sureste, sin compro­meter los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, con la finalidad de lograr la auto­suficiencia regional, asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todas las personas, usar los recursos eficientemente, promover el máximo de reciclaje y reutilización, así como emprender otras acciones que manten­gan y mejoren el sistema ambiental a través del diseño de políticas públicas y de combate al re­zago social, orientadas a reducir los niveles de marginación.

Para sostener cada uno de estos componen­tes de la actual política migratoria es fundamental el trabajo coordinado y articulado en los tres ór­denes de gobierno, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada, así como promover campañas perma­nentes de difusión de los derechos de las personas migrantes, sus contribuciones en las comunida­des receptoras mediante el intercambio de habilidades y competencias, y el enriquecimiento cultural que la migración genera entre países.